Comuna 13 de Colombia celebra fallo de la CIDH contra el Estado

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), condenó al Estado colombiano por no prevenir el asesinato de la defensora de derechos humanos Ana Teresa Yarce, así como por su detención ilegal y arbitraria junto con otras defensoras de la Comuna 13 en Medellín.

El caso llegó en 2014 a la Corte por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que resumía así lo sucedido: "las señoras M [y] r [i] am Eugenia Rúa Figueroa y Luz Dary Ospina Bastidas fueron amenazadas, hostigadas, sufrieron allanamientos y ocupación de sus viviendas y, consecuentemente, fueron obligadas a desplazarse".

Esta condena se refiere al caso de cinco defensoras de derechos humanos que fueron señaladas como colaboradoras de grupos insurgentes, situación por la que fueron detenidas y liberadas nueve días después sin una prueba suficiente de su presunta colaboración.

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Según el líder de derechos humanos, lo más indignante es que 14 años después de las operaciones Orión y Mariscal contra las milicias urbanas de las Farc y el ELN, el Estado colombiano no ha reparado a las familias de las 200 personas que quedaron desaparecidas.

Defensores de derechos humanos de la comuna 13, solicitaron a Luis Pérez, quien era el alcalde de Medellín en 2002 y al entonces presidente de la República Álvaro Uribe y a Juan Manuel Santos, quien se desempeñaba como ministro de Defensa, que ofrezcan una disculpa pública a todas las víctimas.

Además, las señoras Mery del Socorro Naranjo Jiménez, María del Socorro Mosquera Londoño y Ana Teresa Yarce fueron privadas arbitrariamente de su libertad, y tras una serie de denuncias del actuar de grupos paramilitares en connivencia con la Fuerza Pública en la zona, fue asesinada la señora Ana Teresa Yarce el 6 de octubre de 2004. "Particularmente, las mujeres de la Comuna 13 fueron afectadas especialmente por la violencia y por el fenómeno del desplazamiento intraurbano, así como las lideresas y representantes comunitarias se hallaban en situación de riesgo", señaló dicho organismo internacional.

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A pesar de haberse interpuestos varias denuncias sobre su situación de riesgo, "el Estado no implementó las medidas requeridas para salvaguardar la vida de Yarce", a quien asesinaron en el año 2004, explicaron los jueces interamericanos.

En ese sentido, la CorteIDH determinó que el Estado violó los derechos de circulación y de residencia e integridad personal de estas personas, así como la violación al derecho a la protección de la familia respecto a quienes sufrieron separación familiar a causa del desplazamiento.

El tribunal ordenó al Estado adoptar medidas de reparación que incluyen continuar la investigación relacionada con el desplazamiento forzado de la activista Myriam Eugenia Rúa y sus familiares, así como desarrollar un curso en Medellín para instruir sobre el trabajo de los defensores de derechos humanos.

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"Colombia es responsable por no prevenir el asesinato de la defensora de derechos humanos Ana Teresa Yarce, así como por su detención ilegal y arbitraria, junto con otras defensoras de la comuna 13 en Medellín", dice el fallo de la Corte, que tiene sede en Costa Rica.

 
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