Imputaron a Macri por el acuerdo entre el Estado y Correo Argentino

Al respecto, pidió "un veredicto de la Auditoría General de la Nación Argentina". Fue luego de que el jefe de Gabinete pidiera una auditoría de la AGN y desde ese organismo le aclararan que eso no correspondía, pues el que debe solicitárselo es el Congreso, no el Ejecutivo.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue imputado penalmente este martes para ser investigado por el acuerdo que su Gobierno firmó con la empresa Correo Argentino, de la familia Macri, por la deuda de la compañía.

Tras la habitual reunión semanal que el mandatario tiene con sus ministros, Peña dio una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos.

Además, valoró que un órgano como la Auditoría General de la Nación -controlado por la oposición- intervenga para asegurar que esto se realiza en función de los intereses del Estado, y sentenció la necesidad de que no haya "ninguna duda" de que hay un "interés personal" sino que es "una discusión técnico-judicial".

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Y apuntó contra el kirchnerismo.

El Jefe de Gabinete señaló que, a partir de esa situación, el Gobierno "trabajó en un esquema de acuerdo" al que suscribieron los otros acreedores "para darle fin a esta discusión que claramente perjudicaba al Estado al no resolverse a lo largo de los años por la inflación que había en la Argentina". "El Estado interviene a través de sus áreas competentes, no todas las acciones pasan por decisiones del Presidente, sobre todo cuando están en estado judicial", amplió. "Recordamos que la AGN, que es un organismo constitucional, que le corresponde a la oposición".

"Este no es un tema que el Gobierno haya escondido y que se merece que seamos cuidadosos".

"Estamos absolutamente tranquilos porque creemos que el sentido que el equipo jurídico le planteó al Ministerio es cortar con un perjuicio al Estado, justamente, al contrario de lo que algunos opositores con poca memoria plantean", afirmó. La réplica fulminante provino del peronista histórico Oscar Lamberto, al frente de la AGN desde que el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, acosado por una serie de denuncias ante la justicia, se vio obligado a renunciar al cargo.

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"El perjuicio tiene que ver con no haber cerrado este tema en 12 años", opinó el jefe de Gabinete, al tiempo que insistió: "Se ha obrado según la ley, con total transparencia, y el Presidente no ha intervenido en este tema".

El ministro aclaró que esta cuestión en particular toma relevancia porque "surge con la disidencia de la fiscal" Gabriela Boquin.

En ese momento, la deuda rondaba los 300 millones de pesos, equivalentes entonces a 300 millones de dólares porque regía la cotización uno a uno, pero el Grupo Macri nunca pagó y, a su vez, demandó al Estado por la reestatización decretada en 2003 por el fallecido expresidente Néstor Kirchner.

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